Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Estado General de los Derechos Humanos en Honduras
Seguridad Pública
Dentro
La seguridad es un derecho fundamental y una de las condiciones del
ejercicio de las libertades individuales y colectivas. El Estado, tiene
el deber de garantizar la seguridad en todo el país, para la protección
de las personas y los bienes, defender las instituciones y los intereses
nacionales, el respeto a las leyes, el mantenimiento de la paz y el
orden público.
En ese sentido, la Constitución de la República, en el Título III “De las Declaraciones, Derechos y Garantías” específicamente en el
Capítulo
I “De las Declaraciones” (artículos 59 al 64), establece una serie de
principios que deben estar presentes en la interpretación y aplicación
del catálogo de derechos consagrados a favor de todas las personas, y
por ende del derecho a la seguridad pública.
La seguridad pública, aunque no está concebida como un derecho autónomo,
al no estar regulado expresamente en el Capítulo II que establece los
Derechos Individuales (artículos 65 al 110), el mismo es exigible, al
derivarse del contenido de otros, como el derecho a la vida establecido
en el artículo 65; el derecho a la integridad física, psíquica y moral
en el artículo 68, el derecho a la propiedad privada contenido en el
artículo 103 y el derecho a la salud en el artículo 145; porque la salud es menoscabada por la violencia de modo que entra en la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, este derecho está regulado en diversos convenios y tratados
internacionales que Honduras ha ratificado, por lo que se puede afirmar
que el derecho a la seguridad pública es un derecho justiciable en la
legislación hondureña.
En ese sentido, para garantizar los derechos a toda la población,
incluyendo el de la seguridad pública, la Constitución de la República
reconoce la garantía de amparo, en consecuencia, toda persona agraviada
o cualquiera en nombre de ésta, sin necesidad de poder, tiene derecho a
interponer un recurso de amparo:
Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen;
Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.
Las estadísticas de los
cuerpos de seguridad muestran que existe una tendencia ascendente de
delincuencia y violencia a nivel nacional, que tiene que ver por una
parte con la obligación del Estado de prevenir y combatir este fenómeno
y por otra, el sentido de solidaridad y participación ciudadana,
generando medios alternativos de solución a los conflictos de la vida
social y cotidiana.
Podemos afirmar categóricamente que la tasa de homicidios alcanza ya
67 de cada 100,000 habitantes y nos ubica entre los países más violentos
del área y del continente.
Es de suma importancia recalcar las situaciones que suceden alrededor de
los casos de secuestros, ya que parte de los últimos acontecimientos es
el hecho de que los sospechosos aparecen ajusticiados sin conocer
exactamente lo sucedido.
Se ha manejado una cantidad considerable de denuncias contra autoridades
policiales, lo que ha propiciado un acercamiento y trabajo en conjunto
con la Dirección Nacional de Asuntos Internos; asimismo, se ha recibido
informes por parte de la Secretaría de Seguridad en los casos donde se le
ha deducido responsabilidad administrativa a miembros de diferentes Direcciones Nacionales de la Policía, así como las causas que se han
judicializado en contra de los mismos.
Podemos considerar el firme paso a la desaparición, el de la flagrancia
y que debemos acompañar a los que la han hecho posible hasta lograr la
depuración total y continuada.
Como ya es conocido nacional e internacionalmente, el Departamento de
Cortés constituye el Departamento más violento del país, con una tasa
promedio de 111.2 (ciento once punto dos) muertes violentas por cada
100,000 (cien mil) habitantes.
De acuerdo al Observatorio de la Violencia, de junio del año 2008 a
junio del año 2010 se produjeron en el Departamento de Cortés 3,072
muertes violentas, lo que equivale a casi cinco muertes diarias y con
tendencia a aumentar.
Llama la atención que en un gran porcentaje las víctimas de la violencia
son mujeres, quienes en su mayoría aparecen con los mismos patrones de
ejecución que los varones, en su mayoría ejecutadas por arma de fuego.
De igual forma, aquí hacemos énfasis en la falta de investigación
científica de las autoridades de investigación, quienes alegando no
poseer vehículos ni logística, retrasan y echan a perder la
investigación desde el momento mismo que no preservan la escena del
crimen.
Las denuncias por amenazas a muerte de particulares contra otros
particulares, a nivel nacional alcanzan un significativo número en el
Sistema de Quejas del CONADEH.
Sin embargo, la víctima solo quiere que conste en nuestras oficinas el
hecho de la amenaza, manifestando no confiar en las autoridades
policiales y de investigación. Lo que denota la erosión que estas
autoridades han recibido en su credibilidad.
Las autoridades policiales se han limitado únicamente a combatir el
efecto del delito, pero no existe un plan que tienda a atacar las causas
de la criminalidad.
También hay que señalar que algunas actividades contra la criminalidad
constituyen un disuasivo o un factor inhibitorio de la criminalidad,
como el caso de la colocación de cámaras de video en puntos específicos
de la ciudad de San Pedro Sula y Puerto Cortés.
Se nota el crecimiento desmesurado del sicariato en
las principales ciudades del país, lo que a su vez es un efecto
colateral del afincamiento regional por parte de bandas o cárteles del
crimen organizado.
Destacan la matanza de 17 personas que se encontraban laborando en una
zapatería de la Colonia Valle de Sula de San Pedro Sula, en septiembre
de 2010; y otra ocurrida en octubre de 2010, en la cual perdieron la
vida 14 personas en el campo de futbol de la Colonia Felipe Zelaya,
ambas a manos de desconocidos que portaban armas de grueso calibre.
Ambos casos están actualmente en investigación, sin conocerse resultados
fidedignos en cuanto a autoría y motivos.
Actos de brutalidad policial en contra de manifestantes le fueron
señalados al Secretario de Seguridad igual que el indebido
uso de los garrotes de madera por la policía.
Otro factor de inseguridad ciudadana es la detención arbitraria sin
orden de juez competente, las agresiones físicas y los homicidios que
han sido delitos cometidos por miembros de los mismos cuerpos de
seguridad.
Los Centros Penales a nivel nacional siguen al borde del colapso por el
hacinamiento, la corrupción y la falta de una política penitenciaria.
La mayoría de ellos tienen una sobrepoblación, convirtiéndose en una
bomba de tiempo, y en cualquier momento puede haber amotinamiento que
pueda tener consecuencias fatales para la integridad física de los
internos, policías penitenciarios y la sociedad en general; además de no
cumplir a cabalidad con el rol social en la rehabilitación del privado
de libertad, pueden convertirse en escuela para especialistas en
planificación y ejecución de delitos.
A continuación se ilustra el estado de los Centros Penales en relación a
su capacidad y la sobrepoblación en que se encuentran.
Las violaciones a los derechos humanos, sean cometidas tanto por los internos como por las autoridades encargadas de las mismas, tal como se ve reflejado en las diferentes quejas que fueron interpuestas y atendidas en el CONADEH, las violaciones a derechos humanos más frecuentes son las siguientes:
Quejas recibidas contra los Centros Penales,
2010
.
Fuente SIQUEJAS, 2010: Del total del quejas contra autoridad la policía
tiene un 7.4% de denuncias.
A través de las visitas de
inspección e investigación que realizó el CONADEH, frecuentemente
durante el año 2010, se constató que ciertas autoridades encargadas de
centros penales no tienen conocimiento alguno de la sentencia de “Habeas
Corpus Correctiva” emitida por la Corte Suprema de Justicia, a través de
la Sala de lo Constitucional, por lo que las autoridades no han dado
cumplimiento a lo ordenado en dichas sentencias, manteniendo la
situación en iguales o peores condiciones que antes.
Es notoria la no existencia de una política pública en materia
penitenciaria, por lo que es común entre la población hondureña,
escuchar que los centros penitenciarios en vez de proyectarse como un
lugar de rehabilitación de las personas que han cometido un ilícito
penal o una infracción en el caso de menores, se han convertido en
universidades del crimen, con libre acceso a armas y celulares entre
otros, que les permite operar como crimen organizado o crimen común.
En tal sentido, es urgente que el Estado de Honduras tenga una Política
Criminal, la cual incluya la Política Penitenciaria, debidamente
formulada como un régimen, a efecto que mejore el funcionamiento del
sistema penitenciario del país, con lo cual tendríamos una verdadera
inserción en la sociedad hondureña de las personas que fueron privadas
de libertad, por cometer un ilícito penal y evitar que no se cometan
ilícitos que repercuten en los altos índices criminalidad.
Otro hecho importante de
resaltar en este informe está relacionado con la militarización del
Valle del Aguán, a raíz del problema agrario que se vive en la zona
entre los campesinos y empresarios, por la disputa de la propiedad de
grandes extensiones de tierra sembradas con palma africana; esta
situación ha generado honda preocupación en los habitantes del
Departamento de Colón, porque manifiestan que tienen temor por la
presencia militar y policial y posibles abusos de autoridad como ser
lesiones, detenciones ilegales y los sobornos.
Es importante mencionar que por parte de los empresarios, así como sus
representantes legales y guardias de seguridad, no se ha interpuesto
ninguna denuncia ante nuestra Delegación en Tocoa, ni tampoco hemos
tenido acceso a dialogar directamente con ellos, pero lo arriba
informado lo damos a conocer por el conocimiento que tenemos de la
problemática y por lo que ha trascendido en los diferentes medios de
comunicación.
Relacionados con esta problemática se puede mencionar la muerte de los
campesinos miembros del MUCA:
José Leonel Antúnez Guerra (35 años), sin fecha registrada ni circunstancias
Francisco Miranda Ortega (55 años), muerto el 10 de septiembre del 2010, en la comunidad de Cacho Guey, cerca de Cooperativa la Aurora;
Agustín Bustillo; muerto el 06 de septiembre, en la comunidad de Braulio e la Margen Izquierda, en Trujillo, Colón.
Víctor Manuel Mata Oliva (40 años), Sergio Magdiel Amaya (18) y Rodvig Omar Villegas (15), los tres asesinados el 17 de agosto se trasladaban de la ciudad de Tocoa hacia la comunidad de Panamá.
Oscar Geovany Ramírez, sin fecha ni circunstancias.
La muerte de estas personas no ha sido esclarecida, aduciendo los miembros de la Policía de Investigación de Tocoa y Trujillo no tener más información para continuar con la investigación de los mismos. El día lunes 15 de noviembre del 2010, a las ocho de la mañana, en la comunidad de El Tumbador, en el municipio de Trujillo, Colón, se dio un enfrentamiento entre los campesinos del Movimiento Campesino del Aguan (MUCA) y los guardias de seguridad de la Corporación DINANT. Resultado de tan lamentable incidente es el homicidio de estas cinco personas, cuatro de ellas fallecieron el día lunes y una el día 16 de noviembre, sus nombres son los siguientes:
José Luís Sauceda Pastrana;
Teodoro Acosta;
Raúl Castillo;
Ignacio Reyes; y,
Ciriaco Cárcamo.
Ni la autoridad, ni la empresa, ni la organización campesina ha dado una versión confiable.
Los acontecimientos del día 15 de noviembre de 2010, dieron lugar a la
militarización del Valle del Aguan en una operación bautizada con el
nombre de “Tumbador”, nombre de la comunidad donde murieron las personas
arriba mencionadas, operación ordenada por el Presidente de la República
con el objeto de encontrar armas y brindar seguridad en la zona donde se
encuentran las tierras en conflicto, sin embargo, esto generó gran
incomodidad en la población. Hasta la fecha no hay ningún informe
confiable.
Necesita una mención especial el caso de la Policía Nacional en sus
diferentes dependencias, Preventiva, DNIC, Fronteras, las cuales tienen
un alto grado de corrupción ya sea por acción o por omisión, ya que son
señaladas como cómplices en las acciones delictivas realizadas por el
crimen organizado y el involucramiento directo de Agentes y Oficiales en
el apoyo a grupos de narcotraficantes que operan en algunas zonas del
país, en especial en los departamentos de Copán, Colón y Gracias a Dios.
Un caso importante fue la denuncia ante el titular de Seguridad hecha
por escrito por el actual Jefe Regional de la Policía en Occidente
(Copán, Lempira y Ocotepeque), en el que señalaba al Jefe de Policía del
Departamento de Copán y a otros Sub Comisarios de estar coludidos con el
crimen organizado y recibir contribuciones económicas; sobre estos
hechos el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en la Delegación
Regional de Occidente en el Departamento de Copán recibió copia de este
informe y desde entonces ha acompañado a este valiente y honesto
funcionario, que no solamente fue ratificado en su cargo, sino que el
titular de la Secretaría lo ha ratificado públicamente.
En el año 2010 se recibieron 1,399 quejas contra la Policía a nivel nacional, las denuncias más frecuentes se recibieron por detenciones ilegales, malos tratos físicos y verbales, pagos ilegales, negligencia en las investigaciones y pocos resultados en las acciones policiales.
Fuente SIQUEJAS, 2010: Del total del quejas contra autoridad la policía
tiene un 17.7% de denuncias
EL CONADEH, para
fortalecer el derecho a la seguridad de la población local en 206
municipios desarrolla programas de prevención, educación y capacitación
encaminados a brindar los espacios necesarios de seguridad a nuestros
habitantes, declarando con ello municipios seguros en aquellos en los
que se implementa una política integral de seguridad con la
participación de toda la ciudadanía y el apoyo interinstitucional.
Como ejemplo podemos mencionar el Programa “Educando con Seguridad”,
Programa dirigido a estudiantes de noveno grado en adelante en
institutos públicos y privados de segunda enseñanza, con el que se busca
educar a menores a decir “no a las maras, pandillas, drogadicciones y
decir si a otras actividades de orden social”. Se busca asimismo reestructurar y
organizas los Comités de Seguridad Ciudadana y a crear programas
encaminados a educar a estos Comités de acuerdo a las nuevas necesidades
del servicio policial, bajo la normativa jurídica actual y en apego al
respeto irrestricto de los derechos humanos de la ciudadanía en general.
Como política integral de convivencia y seguridad ciudadana se busca en
los Comités de Seguridad Ciudadana a nivel local, en la que el CONADEH
forma parte activa, combatir los actos delincuenciales con apoyo de los
operadores de justicia, alcaldías municipales y la sociedad civil con la
finalidad de adoptar en forma conjunta las decisiones que resulten
necesarias para enfrentar la problemática de la violencia y la
criminalidad.
Para poder luchar contra la inseguridad es necesario dotar a los entes
responsables de recurso humano y logístico suficiente, que permita hacer
frente a la actual situación de violencia que vivimos, pero muy poco se
puede hacer cuando en las jefaturas municipales hay apenas dos o tres policías
y cuando lo único que realizan es patrullaje a pie, porque
carecen de vehículo, lo cual impide claramente que se realice una labor
de prevención del delito.
La alta incidencia de quejas de la población en contra de la Policía
Preventiva y de Investigación, es un claro indicador que nos permite
interpretar que la población, lejos de sentirse protegida por la
presencia policial, le desconfía y no le ven como garantes de en su
seguridad personal y de bienes. Ello explica que el 80% de las víctimas de algún
delito ni siquiera lo denuncian
El CONADEH, a través de la Delegación de Puerto Lempira, presentó el
informe de Seguridad Pública a todas las autoridades locales, con el
propósito de socializarlo y buscar estrategias que ayuden a prevenir los
índices reflejados en el mismo, cabe mencionar que durante el desarrollo
se manifestaron participantes de los diferentes sectores, señalando una
actitud de alarma y preocupación por los últimos acontecimientos vividos
en el Departamento de Gracias a Dios, en cuanto a delincuencia se
refiere.
