Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Estado General de los Derechos Humanos en Honduras

Introduccion


 

El período de este informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), sobre el estado general de los derechos humanos en el año 2012 en la República de Honduras, presentado ante el Congreso Nacional conforme al artículo 45 de la ley Orgánica del CONADEH, corresponde al tercer año de la administración Lobo Sosa, a la tercera legislatura del período y al cuarto año de ejercicio de la Corte Suprema de Justicia cuyo término concluye en el 2015.   

El contexto de la realidad nacional de Honduras en los doce meses del año 2012 es bastante complejo, de manera que la sola enumeración de problemas se presta a una larga exposición, no digamos ya su análisis cuidadoso y su interpretación. Con esta advertencia, haremos un esfuerzo para abreviarlo sin caer en la superficialidad por causa de la extensión; además, ahora muchos supuestos en materia constitucional y legislativa son ya hechos consumados y persiste la crisis financiera e institucional con una violencia extrema que resulta de la precariedad de la seguridad pública frente al desafío de la criminalidad común y organizada.

Esta violencia, excesiva en todos los órdenes, según la nueva definición de la salud formulada por la Organización  Mundial de la Salud (OMS), es un mal social que deteriora la salud de todos los habitantes de Honduras. Por eso la  violencia fue objeto de un segundo estudio por parte del CONADEH, enfocando la atención en la víctima, que es la dimensión humana del problema; sus resultados se pueden comparar con los del primer estudio hecho también por el CONADEH en el 2007, en el capítulo correspondiente a la seguridad pública. A pesar de su importancia la academia se ocupa poco de la etiología de ella, aunque un estudio del postgrado médico resalta que entre los hondureños hay picos indeseables en la conducta que reflejan tendencias preocupantes como la agresividad, la impulsividad y la conducta antisocial.  

Las fallas en la recaudación por la defraudación y la evasión fiscales nunca resueltas, el gasto excesivo y la ineficacia de la administración general del Estado, nos han llevado a la insolvencia en el pago de salarios a los empleados públicos, así como a la morosidad con los que proveen bienes y servicios a la administración pública, siendo más crítica y evidente – por dramática - en las instituciones del Estado que atienden la salud y la educación pública. Es una insolvencia análoga a la que padeció el pueblo hondureño en los años treinta del siglo veinte, vinculada también a una recesión mundial pero imputable no solo a ésta sino también a la mediocridad propia de la administración pública.

Así, el presupuesto general ha crecido desde L 61,066.5 millones en el 2008 hasta        L 90,544.2 mil millones en el 2013, mientras las recaudaciones tributarias han sido tan sólo 42 mil millones en el 2010, 49.5 en el 2011, 51.9 mil en el 2012 y una proyección de 61,2 mil millones en el 2013. El déficit fiscal viene siendo negativo desde el 2006 y ha llegado a ser tanto como -6.2 en el 2009 y -6.0 en el 2012. Esto es así a escasos doce años de la condonación de la deuda externa con que nos beneficiaron los acreedores, para sufragar la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), la que no pasó más allá del planteamiento teórico, en contraste con la volatilización inexplicada de  esos fondos antes del 2009. La diferencia es que ahora la deuda pública interna es la inmanejable y se ha llegado a tanto descrédito, que los bancos hondureños se han negado a comprar más bonos del Estado, aun con altos intereses, por lo que se ha anunciado la venta de unos bonos llamados soberanos en otros mercados.  

Es notorio lo que sucede en lo que debiera ser el sistema educativo, sumido en una anarquía permanente por la excesiva fuerza política de los gremios de profesores, los que hábilmente cuentan con el apoyo de las mismas víctimas y de algunos padres, en actividades que menoscaban la calidad de la educación pública, lo cual que les cierra más aún la posibilidad de un futuro mejor a los educandos. La calidad de la educación está reflejada especialmente en los pésimos resultados en la enseñanza de la lengua y de las matemáticas; pero todos los esfuerzos para mejorar esa calidad chocan con los intereses de los directivos gremiales cuya demagogia hizo entrar en crisis su propio sistema de seguridad social, ahora en recuperación por la oportuna intervención estatal; por eso una parte creciente de las bases gremiales ya no está de acuerdo con sus directivos.

El déficit institucional tradicional es más notorio, pero no exclusivo, en las empresas estatales de servicios públicos, las cuales han perdido sus mercados por su propia inoperancia.

En noviembre concluyó el proceso de elecciones internas en el cual el CONADEH acreditó unos 800 observadores, cuyos resultados con recomendaciones se encuentran en este informe. Aprendimos que hubo  tráfico de credenciales porque fueron emitidas en blanco por el TSE a las  tendencias reales o ficticias de los dos partidos políticos que realmente tuvieron elecciones. La recomendación sensata sería entonces que los delegados propietarios y suplentes de los partidos en las MER, sean propuestos por los partidos pero debidamente capacitados y acreditados por el TSE. Es lo que exige por ahora la ciudadanía, para evitar el desprestigio total del proceso electoral y la pérdida definitiva de la confianza en el proceso, lo cual es un alto riesgo para la democracia. Otras propuestas están fuera del alcance financiero de un estado en quiebra y tampoco garantizan en un 100% contra el fraude.

Como parte del resultado de las elecciones primarias hay diputados que como perdieron su derecho a ser candidatos reelegibles, ahora integran una mayoría multipartidista imbatible en sus decisiones, para interpretar y reformar la Constitución de la República al antojo de la alianza fáctica con el Poder Ejecutivo y Judicial. Mayoría que es un poder inconstitucional absoluto demostrado en la madrugada del 12 de diciembre del 2012 (121212, el doble de los tres 6), con la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional; la sustitución de ellos por otros cuatro profesionales integrantes de la lista de los 45 propuestos en su momento por la Junta Nominadora, los que fueron juramentados de inmediato. Destitución que noventa y siete (97) de los 128 diputados fundamentaron en el artículo 314 de la Constitución de la República, que la autoriza “En caso de muerte, incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución por causas legales o de renuncia”. Ningún proceso probó que existieran las alegadas causas legales, que en realidad no fueron otras que el disgusto de quienes presiden los Poderes Legislativo y Ejecutivo, con la forma independiente de impartir justicia constitucional por los magistrados destituidos, y la necesidad de contar con la unanimidad del Poder Judicial.

La demostración de esta mayoría parlamentaria como una fuerza imbatible, envalentonó a sus creadores y conductores para legislar sobre lo que realmente les interesa: las ciudades modelos o REDES que ahora llaman Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE); hemos vuelto súbitamente al régimen concesionario, que a fines del siglo diecinueve y al principio del veinte generó los enclaves minero y bananero, y ahora se nos presenta como innovador por ser zonas de libertinaje fiscal, para cuya aprobación jurídica garantizada se ha intervenido el Poder judicial. De modo que el juicio político, la revisión de las exoneraciones de los dueños de medios que gozan de ellas, y las pretendidas nuevas regulaciones totalitarias en telecomunicaciones y de la libertad de pensamiento y de expresión, no son más que instrumentos para restringir, limitar y hasta tergiversar las garantías y derechos individuales.

Lo ilógico de la suspensión de todas las exoneraciones es que la producción nacional de muchos artículos de consumo popular, entre ellos los cuadernos escolares, precisamente cuando están por iniciarse las clases, y ciertos alimentos, se encarece de inmediato en relación a los mismos productos importados.

La mayoría mecánica o aritmética hizo del pleno del Congreso Nacional en la legislatura del 2012 una Asamblea Constituyente, que con la interpretación o sin ella se dio el derecho de cambiar la forma y el fondo de la normativa constitucional, incluyendo la división política y la integridad del territorio nacional, antes constitutivas de delito porque  de acuerdo al artículo 2. Constitucional vigente:

“La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación.

La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria.

La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio, o a petición de cualquier ciudadano”.

La temporalidad del poder de esta mayoría garantiza que llegará el momento para deducir estas responsabilidades, pero ello obliga a agotar la instancia constitucional, porque “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les concede la ley. Todo acto que ejecutaren fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, según el artículo 321 de la Constitución de la República.

Y por el artículo 375, también constitucional, “Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuese supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distinto del que ella misma dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento de su efectiva vigencia”, con mayor razón cuando los ciudadanos hemos sido juramentados prestando la promesa de ley que nos hace funcionarios públicos, incluidos los diputados desde el momento que prestan juramento, y sujetos sin inmunidad a las mismas responsabilidades que imperan para todos los ciudadanos porque todos somos iguales ante la ley.

El CONADEH es un órgano constitucional, cuyo titular es elegido por la mayoría calificada de los diputados; es también una institución nacional independiente de cualquier poder del Estado hondureño, de los poderes de otros Estados y de otros poderes, como lo exigen los principios de París; acreditado así ante la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En consecuencia su titular ha prestado el juramento de “Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, igual que todos los funcionarios el Estado.

La Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es la columna vertebral de la política pública del Estado hondureño en la materia,  complementada por otras leyes y por los tratados, pactos y convenciones suscritos, ratificados y depositados conforme a derecho; que se concreta cuando se garantiza la aplicación eficiente, efectiva y justa de toda la legislación pertinente.

Como la normativa es el umbral de la política del Estado en derechos humanos, el CONADEH ha sido gestor para que el Estado suscriba y ratifique todo lo que le compete en la materia, señalando que ahora por la reforma del artículo 17, el Congreso Nacional debe reformar la norma constitucional afectada, cuando fuere el caso, antes de la ratificación por el Poder Ejecutivo, lo que introduce una posible dilación por la reforma, en lo que antes era un cambio inmediato.

El Comisionado propició una iniciativa para la revisión de toda la normativa nacional, que mereció el apoyo de los tres Poderes del Estado, que permitió un primer producto para consolidar la normativa para la familia y la infancia, sometido a la legislatura y en su momento fue turnado al Poder Judicial, cuyo pronunciamiento favorable en las salas y en el pleno regresó al Poder Legislativo en donde nunca fue aprobado.

El Poder Ejecutivo inició a partir de su toma de posesión en enero del 2010 una estrategia para ganarse el favor de la opinión internacional, entre ellas la creación de varias Secretarías de Estado para demostrar su interés en los derechos humanos. Una de esas Secretarías ha tomado el proyecto de legislación sobre la familia y la infancia y lo ha trastocado, para decir que lo que se necesita es una atención integral y que el Estado carece de una política pública sobre derechos humanos.

La intención política de estos cambios en la administración general del Estado, fue obviada por el Comisionado para evitar la judicialización conflictiva, que agudizara las precarias relaciones entre los Poderes del Estado, incoadas incluso por otros Estados y los funcionaros de los sistemas interamericano e internacional acreditados en Honduras.       

Precisamente, la prudencia del Comisionado en favor de la institucionalidad del Estado de derecho, se ve ahora malograda por los actos ilegales y arbitrarios consumados sin que la parte más responsable haya atendido las dos peticiones para la rectificación inmediata, facultada por el artículo 21 de su Ley Orgánica. Véanse los anexos 1 y 2, oficios del CONADEH pidiendo a la tercera y cuarta legislaturas la rectificación inmediata de la destitución de los cuatro magistrados de la sala de lo Constitucional.   

Este informe presenta de manera sintetizada y clara el Estado general de los Derechos Humanos en Honduras, de acuerdo a las Regiones en que divide el CONADEH a sus delegaciones y como mecanismo de rendición de cuentas y transparencia, presenta la gestión institucional durante el año 2012

 

El Comisionado Nacional de los derechos humanos, con presencia para el 2012 en todos los departamentos del país, agrupa sus delegaciones en 5 regiones de la siguiente forma:

 

1.      Región del Litoral Atlántico, cuya jurisdicción comprende cuatro Delegaciones en los Departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

2.      Región de Occidente, conformada las Delegaciones en los departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira.

3.      Región Norte, con las Delegaciones de los Departamentos de Cortes, Santa Barbará, Yoro, y una oficina local en El Progreso

4.      Región Centro Occidental,que comprende las Delegaciones de los departamentos de La Paz, Intibucá y Comayagua.

5.      Región Centro Oriente, que comprende las Delegaciones de los Departamentos de Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso.

6.      Región Sur, que comprende las Delegaciones de los departamentos de Choluteca y Valle esta última aperturada en Nacaome el 1 de agosto del 2012.