La  seguridad jurídica es la garantía del Estado a los bienes jurídicos de las personas; es la certeza del derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas para que su situación jurídica no sea modificada más que por procedimientos regulares y los conductos legales establecidos, previa y debidamente enunciados.

El Estado, como máximo exponente del poder público es el regulador de las relaciones en la sociedad, que no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer ese poder público (político, jurídico y legislativo) frente a cualquier otro poder.

La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados.

De modo que el Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.

La Constitución de la República asegura que nadie puede ser juzgado sino por el juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; asimismo, el Estado ha suscrito y ratificados  instrumentos internacionales comprometiéndose al cumplimiento real de las garantías del debido proceso, para todo lo cual resultan indispensables las actuaciones efectivas de todas las instituciones en la protección de la seguridad jurídica en Honduras.

La seguridad jurídica así concebida es un derecho de todas las personas, particularmente de las sometidas a juicio o que recurren a la justicia o han sido sentenciadas.

1.1.1.1.       Situación en los centros penales

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha señalado, con insistencia, en sus diferentes informes, tanto especiales como sobre la situación de derechos humanos en Honduras, las graves violaciones colectivas y sistemáticas  a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en todos los centros penales del país, presentando en cada uno de ellos recomendaciones para atender y dar solución a los problemas denunciados.

Como resultado de las quejas atendidas en las diferentes oficinas,  a nivel nacional, de  la población penitenciaria y sus familiares así como las visitas e inspecciones  constantes  que realiza nuestro personal a los centros de privados de libertad  hemos detectado una serie de indicadores que persisten, tales como:

a)     El retardo en la aplicación de justicia;

b)     Hacinamiento;

c)      Inseguridad interna provocada por los incendios y las riñas entre los privados de libertad, situación que deriva en lesiones y muertes.

d)     Carencia de los medios de rehabilitación.

e)     El desentendimiento del Estado sobre su responsabilidad con los privados de libertad

f)       Introducción de armas, drogas y licores.

g)     Fugas

h)     Régimen disciplinario en manos de algunos internos

i)       Los centros penales no obedecen a una verdadera Política Criminal del Estado sino que están en manos de una de las direcciones  de la policía que, hasta ahora, ha demostrado su incapacidad en el manejo.

j)       Las detenciones arbitrarias están a la orden del día, aclarando que la misma no solamente se da cuando se captura  a una persona sin respetar sus derechos de libertad individual. La detención se vuelve también arbitraria cuando el Estado tiene una persona indefensa privada de libertad, expuesta a todos los peligros,  incluyendo la muerte.

k)     Hace falta una verdadera política de Estado, para que los privados de libertad tengan un goce efectivo de cada uno de los derechos, consignado en la Ley de Rehabilitación del Delincuente, ya que hay muchos derechos que se quedan en una mera ilusión y no se cumple con la expectativa o con la finalidad principal de rehabilitación social del recluso y su preparación para el trabajo en la vida libre.

l)       Existe una gran deficiencia desde los servicios técnicos especiales, servicios médicos, servicios psicopedagógicos, trabajo, alimentación e higiene, deportes y recreación y lo recomendable seria que se hagan efectivas todas estas áreas, para una verdadera rehabilitación del recluso.

En el 2011, los centros de privados de libertad fueron el escenario de diferentes hechos que dejaron como saldo:  alrededor de 30 muertos, heridos, motines, fugas, intentos de fuga, atentados contra  autoridades penitenciarias, enfrentamiento entre privados de libertad,  introducción de armas de fuego, granadas, drogas, licores, celulares, etc.

A continuación detallamos algunos de los hechos violentos registrados en el 2011:

MUERTES VIOLENTAS EN LOS CENTROS PENALES

2011

Lo anterior indica que,  en el 2011:

1. Alrededor de 30 privados de libertad perdieron la vida en forma violenta: 19 del Centro Penal de San Pedro Sula; ocho de la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto" y tres, en las inmediaciones de dicho penal.
2. Al menos 18 internos perdieron la vida víctimas de las armas de fuego, seis con arma blanca, tres por ahorcamiento,  uno por asfixia por estrangulamiento, uno por sobredosis de medicamento y uno que se desconocía las causas de su muerte.
3.  Entre las novedades podemos señalar que algunos de los privados de libertad murieron: decapitados, con el machete incrustado en su cuerpo,  con señales de tortura, otros murieron  cuando intentaban fugarse y en enfrentamiento entre compañeros.
4. De los privados de libertad que perdieron la vida algunos tenían sentencia  por los delitos de robo, violencia intrafamiliar, asesinato, portación ilegal de armas, robo de vehículos, secuestro, tentativa de secuestro, parricidio, tráfico de drogas, homicidio y asociación ilícita.
5. La matanza más numerosa se registró el 14 de octubre  en el Centro Penal de San Pedro Sula en un enfrentamiento entre privados de libertad que dejo como saldo nueve muertos y tres heridos.
6. Uno de los casos que llamó la atención fue la fuga de tres privados de libertad, de la Penitenciaría Nacional,  ocurrida el 24 de junio, sus cuerpos fueron encontrados sin vida tres días después en Siguatepeque , fueron remitidos a Medicina Forense y reconocidos 55 días después como las personas que se fugaron del penal.
7. Otro caso fue el ocurrido el 13 de octubre en la Penitenciaría Nacional  en donde a dos internos les entregaron la carta de libertad y minutos después aparecieron ejecutados por desconocidos.
8. En diciembre, dos personas fueron detenidas  en un operativo, posteriormente fueron remitidos   a la Penitenciaría Nacional y encerrados en una celda de seguridad, sin embargo, horas después fueron ejecutados.
9. Casi en su totalidad estos casos queden impunes.

 FUGAS

La fuga de los privados de libertad sigue siendo una constante en algunos centros penales del país,  lo que hace presumir que no hay puntos ciegos en las cárceles  sino que hay ciegos en los puntos.

Es de recordar que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró entre el año 2000 y el 2004 la fuga de 318 privados de libertad, de los cuales  la policía logró la captura de 109, que representa el 35% de los fugados, quedando en calidad de prófugos y posiblemente delinquiendo el 65% restante.

En el 2011, el CONADEH registró la fuga y el intento de fuga de, al menos, diez privados de libertad, de la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto" que a continuación se detallan:

Lo preocupante de esta situación es que algunos de los fugados están involucrados en asesinatos múltiples, robo, portación ilegal de armas, asaltos bancarios y tráfico de drogas.

Una de las personas que se fugó cumplía una sentencia de 281 años por los delitos de asesinato en perjuicio de nueve miembros de una familia entre ellos tres hombres y seis mujeres.

Las fugas representan impunidad porque casi nunca se investigan

Otros hechos registrados en el 2011

El 27 de septiembre,  Los privados de libertad  del Centro Penal de Comayagua intentaron tomarse el reclusorio  en oposición al Reglamento Especial Penitenciario Nacional mediante el cual se establecen una serie de restricciones como la cancelación de las visitas familiares los miércoles.

En horas de la madrugada del  25 de noviembre, el Centro Penal de San Pedro Sula fue escenario de un amotinamiento cuando las autoridades penitenciarias  pretendían trasladar nueve privados de libertad  a la cárcel de máxima seguridad. 

Los internos lanzaron piedras y palos para impedir que los llevaran, incluso  trataron de incendiar las instalaciones. Las autoridades  policiales tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas. En el acto resultaron heridos varios privados de libertad.

En el módulo, en el que se encuentran privados de libertad los miembros de la "mara" 18, del Centro Penal de San Pedro Sula fueron encontrados dos granadas de alto poder explosivo. Meses antes fueron encontrados  en el mismo modulo un fuerte arsenal incluido explosivo TNT y una bomba de fabricación casera.

Lo que ocurre en los centros de privados de libertad es que hay un alto grado de corrupción que se evidencia cuando aparecen armas de fuego en manos de ciertos privados de libertad que actúan en contra de otros y  nunca se  averigua cómo entran esas armas y mucho menos a los responsables de cometer crímenes.

Hacinamiento

Uno de los problemas que se viven al interior de los centros penales es el alto grado de  hacinamiento.

En el 2011, los centros de privados de libertad en el tenían una población de 11,744 superior  a la capacidad que es de 8,120, lo que da como consecuencia una sobrepoblación de  3624 internos.

Es de resaltar que de los 11744 privados de libertad en los diferentes centros penitenciarios del país, existe una mora del 50.3% que no se ha dictado la sentencia correspondiente, siendo responsable los Juzgados y Tribunales de Sentencia en materia penal de todo el país.  Lo anterior ha contribuido a la sobrepoblación penitenciaría, lo que conlleva a una serie de violaciones a derechos humanos de los privados de libertad.

Otros actores en la celeridad procesal son la Defensa Pública y los Agentes Fiscales del Ministerio Público. Es urgente cada actor haga lo que corresponda de acuerdo a ley con el propósito de bajar la mora judicial y no esperar años para definirle la situación jurídica de la persona a quien se le sigue un proceso penal. Lo anterior queda demostrado en las siguientes gráficas, de 2011. 

Igual situación ocurre en los demás Juzgados (Seccionales, Familia, Violencia Doméstica, Contencioso-Administrativo, Laboral)  en la cual no se define la situación jurídica en los términos establecidos por la Ley, existiendo una mora, que afecta a  los usuarios del sistema.

Se hace necesario establecer un control, en lo que respecta a los expedientes pendientes de sentencia, pero que al mismo tiempo, no violente la independencia de los jueces y magistrados. 

De los 24 centros penitenciarios con que cuenta Honduras  19 están sobrepoblados, únicamente  mantienen su capacidad: La Penitenciaría Nacional de Gracias, Choluteca, Juticalpa, Atlántida  y la Femenina de Adaptación Social.

Entre los centros más sobre poblados está: el Centro Penal del Progreso, Yoro tiene una capacidad de  120 privados de libertad y cuenta con una población de 401, es decir,  una sobrepoblación de 234%, que se constituye en la más alta del país.

Otros centros penales que sobrepasan su capacidad en más del 200% son : Puerto Cortés, Puerto Lempira y La Esperanza.

El Centro Penal de San Pedro Sula tiene una sobrepoblación de 1,426 privados de libertad;

CAPACIDAD DE LA POBLACION PENAL Y LA SOBREPOBLACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS  PENITENCIARIOS