Es importante señalar que en el transcurso del 2011, la muerte violenta de personas ha sido una práctica cotidiana, y las instituciones del Estado que las investigan no han sido capaces de determinar su autoría intelectual y material. Queda claro que en muchos casos al momento del reconocimiento del cuerpo en la escena del crimen y posterior autopsia se evidencian que las víctimas presentan disparos de ajusticiamiento; lo que hace ver  la participación de la autoridad en tipo de muertes.

La sociedad hondureña tiene conocimiento a través de los diferentes medios de comunicación de estos casos que han tenido un impacto por la forma en que acontecieron dichos hechos, es de hacer notar por ejemplo, la muerte violenta de ejecución extrajudicial de los siguientes:

 El veintidos de octubre del dos mil once, se dio muerte violenta a dos estudiantes universitarios, Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez.

El CONADEH, abrió de oficio la respectiva queja e inicio las investigaciones en torno al caso que confirma la participación del Subinspector de policía Carlos Geovany Galeas Cruz  y de los policías Santos Arnulfo Padilla Rodríguez, José Rubén Pozo López y Wilfredo Figueroa Velásquez, como supuestos responsables.

En la investigación que se sigue, el Tribunal correspondiente emite el 31 de octubre del 2011 la orden de captura en contra de ocho policías, entre los que se encuentran los cuatro antes mencionados, incluyendo a José Manfredo Fúnez Colindres, Martín Orlando Ortez Pavón, Gabriel Donatilo Marcia Hernández y Wilson Roberto Córdova Rodríguez. El Tribunal el tres de noviembre del mismo año, celebra audiencia inicial en contra de los imputados antes dichos, a quienes se les acusa de los delitos de robo agravado, asesinato y abuso de autoridad, por lo que se les resuelve sobreseimiento provisional por el delito de robo agravado y auto de prisión por los delitos de asesinato y abuso de autoridad, con la medida cautelar de prisión preventiva

Se presentó voluntariamente ante el Tribunal José Rubén Pozo López, a quien se le sigue el proceso correspondiente, se encuentran prófugos aun Carlos Geovany Galeas Cruz  y de los policías Santos Arnulfo Padilla Rodríguez y Wilfredo Figueroa Velásquez, sin que se ejecute la orden de captura por parte de la autoridad respectiva.  

El siete de diciembre de 2011, a inmediaciones de la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en horas de la mañana, fue acribillado el ingeniero Alfredo Landaverde, sin que hasta la fecha las instituciones de Estado obligadas a investigar el caso, no han dado un informe preciso que incluya los nombres de los responsables intelectuales y materiales de esta muerte y otras en igual circunstancias en las que se sospecha la participación de agentes de seguridad del Estado. Es de hacer notar que la víctima fungió en el pasado reciente como director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico. 

Asimismo es de señalar, la situación de ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el Bajo Aguan y que hasta la fecha no existe una investigación oportuna y científica para dar respuesta a esta problemática y conocer si son particulares  o agentes de seguridad del Estado.