El análisis de la situación nos dice que la capacidad nacional para producir alimentos muestra una tendencia decreciente, la cual se ha agudizado en los últimos años. La dieta alimentaria hondureña es la de los granos básicos, factor clave para la seguridad alimentaria del país, pero su producción en manos de miles de familias campesinas asentadas históricamente en minifundios, en las peores tierras de ladera, sin asistencia técnica ni crediticia, la vuelven muy vulnerable, más aún cuando está sujeta también a cambios climáticos entre la sequía o la inundación y a veces a ambos fenómenos.

La igualdad de acceso a los alimentos es considerada actualmente como la que tiene el mayor peso estratégico para combatir la inseguridad alimentaria de las familias; en ella reconocemos dos componentes, el primero la población campesina productora de alimentos, que necesita que se le facilite el acceso a los medios de producción como la tierra, agua y tecnologías productivas para salir bien librados de la economía de subsistencia; y, el segundo enfoque se concentra en estimular la economía rural para generar más fuentes de empleos e ingresos para la población rural, deteniendo la emigración del campo a la ciudad ya que sería demasiado esperar el retorno de los campesinos ya urbanizados en condiciones paupérrimas.

En Honduras el 35.8% del total de los productores nacionales son campesinos sin tierra, a pesar de que hay suficientes tierras ociosas, como predios rústicos sujetos constitucionalmente a la reforma agraria.

Como producto de lo anterior y traducido al ser humano, nos encontramos con  la desnutrición crónica, siendo un problema crítico en Honduras, no es lo mismo nacer de un vientre de una madre desnutrida a nacer del vientre de una madre bien nutrida, allí empieza la exclusión.

Desde el punto de vista del dominio geográfico, la desnutrición infantil prevalece  en el área rural, donde es más del doble que la desnutrición crónica urbana. En cuanto a la medida de ésta se observa que ella disminuye en las ciudades más grandes y aumenta en las ciudades menores.

En el último año una creciente vulnerabilidad ambiental se sufre una grave repercusión sobre la calidad de vida, especialmente en la seguridad alimentaria de  población, uno de sus factores condicionantes se refiere al conflicto entre el uso actual y la capacidad productiva de los suelos, considerado uno de los grandes desafíos ambientales del país, provocado porque la agricultura campesina se realiza en las tierras de ladera.

El derecho a la alimentación entendido como el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico  y social, oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada y a los medios indispensables para producir o adquirir los alimentos en la debida cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa; entraña la obligación del Estado de Honduras de respetar, proteger, y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando sus miembros  viven sin hambre ni bajo el riesgo a la inanición.

La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso, en todo momento, a suficiente alimento para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye al menos: 1) la inmediata disponibilidad de alimento nutritivamente adecuado y seguro, y 2) la habilidad asegurada para adquirir comida de manera socialmente aceptable (esto es, sin necesidad de acudir a suministros alimenticios de emergencia, hurgando en la basura, robando o utilizando otras estrategias de afrontamiento).

En nuestro país no toda la población tiene los medios económicos para llevar una dieta saludable, como a diario podemos ver a los niños y personas  adultas ejerciendo la mendicidad en las calles o viviendo de lo que recogen en los basureros de las ciudades.

La tenencia de la tierra en Honduras

Origen y naturaleza del conflicto de la tenencia de la tierra

La Reforma Agraria fue iniciada en los años sesenta del siglo XX con la aprobación de una ley que nunca fue reglamentada, ni se crearon los tribunales agrarios ni otros órganos de ejecución, predominando más el pleito por la tenencia de la tierra que el espíritu del artículo 344 de la Constitución de la República de 1982, que conceptualiza que: "La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario", declarando su ejecución como asunto de necesidad y utilidad pública.

Los artículos 349 y 350, también constitucionales, regulan la expropiación de bienes con fines de reforma agraria o de ensanche y mejora de poblaciones o cualquier otro propósito de interés nacional que determine la ley, la cual se hará mediante la indemnización justipreciada, por pagos al contado y en su caso por bonos de la deuda agraria. "Los bienes expropiables para fines de reforma agraria o de ensanche y mejoramiento de poblaciones, son exclusivamente los predios rústicos y sus mejoras útiles y necesarias que se encuentren adheridas a los mismos y cuya separación pudiera menoscabar la unidad económica productiva".

A los vicios anteriormente señalados se suma la falta de una asistencia técnica que convirtiera a los beneficiarios en productores y administradores eficientes de su patrimonio, excepto en una o dos cooperativas agrarias que aún sirven de ejemplo de lo que pudo ser un sector importante de la economía nacional, porque el resto son parte del fracaso que llevó al desprestigio de la reforma agraria; fue lo que se invocó para perpetuar el final de ella, sepultándola mediante la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola de los años noventa, propiciada por la US-AID. 

Parte de ese final ignominioso fue la venta ilegal e inconstitucional de las tierras afectadas por la reforma agraria, excluidas por ley del mercado de tierras; el caso más escandaloso, pero no el único, fue la venta de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI). Lo que ha resultado en una reconstitución del latifundio, con la diferencia de que parte del mismo se ha convertido en unidades de producción y sostén de una agroindustria altamente tecnificada que contribuyen al soporte de la economía nacional.  

Acontecimientos en el Valle del Aguán

Desde su inicio, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos percibió que la situación de la tenencia de la tierra  en el Bajo Aguán, era una crisis que demandaba la atención inmediata de las autoridades concernidas para prevenir muchas vicisitudes, entre muertes anunciadas, desapariciones, heridos y otras consecuencias de la violencia que ha producido víctimas de todas las partes confrontadas.

Cada poder del Estado ha tenido en su momento una participación más o menos desafortunada, revelando la falta de una política pública del Estado, sustituida por  decisiones inapropiadas, actitudes irracionales y hasta demagógicas propias del oportunismo político.

El Poder Ejecutivo al nombrar Comisiones, anunciar oficialmente  la expropiación como posible solución, abriendo y cerrando supuestas negociaciones, improvisando operativos, y otros tantos desaciertos propios del dejar hacer y dejar pasar, solamente ha generado mucha confusión. El Poder Judicial dictando una sentencia que declaró ilegal un Decreto Legislativo que autorizaba la expropiación, abrió una vía institucional, pero la sentencia remitida al Congreso Nacional fue turnada a una Comisión de Dictamen que ya dictaminó lo procedente.   

Cada quien se ocupa de echarle la culpa al otro, haciendo sus propias listas de víctimas, lo cual encubre la realidad pero no la cambia.

HECHOS VIOLENTOS REGISTRADOS EN EL BAJO AGUAN                                                                                2011

Desde diciembre de 2009 a la fecha han muerto en forma violenta alrededor de 50 personas, entre ellos: 25 campesinos;  15 guardias de seguridad; dos policías; un soldado; un gerente de la empresa y seis particulares.

Durante el 2011, se registró:

a)     Alrededor de 20 hechos violentos que dejaron como saldo 30 muertos entre campesinos, dirigentes campesinos, guardias de seguridad; policías, soldados, un gerente administrativo y personas particulares, todos víctimas de las armas de fuego.

b)     Más de 30 personas resultaron heridas entre campesinos, guardias de seguridad, soldados, policías y personas particulares.

c)      La desaparición de dos campesinos y cuatro guardias de seguridad

Una investigación del CONADEH determinó que el 20 de abril del 2011 fueron llevados por desconocidos armados los campesinos Carlos Acosta Canales y Darin Daniel García Enamorado, mientras pescaban en el río de la Finca El Mocho, quienes fueron encontrados asesinados tres días después.

El 26 de mayo del 2011 dos campesinos de la Finca El Despertar, Segundo Gómez y Olvin Omar Gallegos, fueron vistos por última vez en la Finca El Mocho, al parecer continúan desaparecidos hasta la fecha.

Ambos delitos fueron cometidos por hombres que se desplazaban en un vehículo con las mismas características supuestamente utilizado en otras agresiones, el mismo tipo de armas y gozando de la misma impunidad por parte de todas las autoridades competentes.

El 14 de junio del 2009 fue ejecutado por guardias el joven campesino Geovany Ramírez, ante testigos y policías presentes en la Cooperativa Aurora, cerca del puente El Agua, que vuelve inexplicable la total impunidad por parte de todas las autoridades implicadas.

Estos no son los únicos delitos, pero son los delitos sobre los cuales el CONADEH tiene testimonios suficientes para sospechar que allí se ha venido  practicando la violencia en contra de los campesinos, con la tolerancia de las autoridades.

El 4 de junio fue muerto un guardia de seguridad plenamente identificado en la finca La Trinidad, bajo el ataque de unos 60 campesinos fuertemente armados con AK 47, razón por la cual los guardias armados con escopetas calibre 12 optaron por retirarse.

Estos son hechos que prueban la violencia practicada por ambas partes, tolerada igualmente por las diferentes autoridades.

Actuaciones del CONADEH

Se le está dando seguimiento de oficio o por denuncias a los casos sucedidos mediante el registro y seguimiento de los hechos, negligencia en la deducción de responsabilidades, impunidad, investigación de actuaciones o de negligencias en la resolución definitiva y justa de la crisis por las autoridades competentes, reafirmando que nuestro personal está obligado a la recepción de todas las denuncias.

En vista de lo anterior el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en su condición de funcionario independiente y en el ejercicio legítimo de sus atribuciones y prerrogativas constitucionales, informa sobre estos hechos que implican el ejercicio ilegítimo, arbitrario, abusivo, defectuoso, negligente o discriminatorio de parte de la administración pública y entidades privadas que prestan servicios públicos, por constituir verdaderas y graves violaciones a los derechos humanos.