Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Estado General de los Derechos Humanos en Honduras
Mujer
Toda
mujer tiene derecho al bienestar en condiciones de libertad, dignidad,
seguridad e igualdad de oportunidades, dentro de un marco jurídico de
protección de sus derechos, como ser, la Constitución de la República,
el Código del Trabajo, la Ley de Igualdad de Oportunidades,
la Ley del Seguro Social, el Código de Familia, la Ley
Contra la Violencia Doméstica, los Contratos Colectivos de
Trabajo, la Ley de VIH/sida, y los Convenios y Tratados
Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Honduras,
como la Convención para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Contra las Mujeres, que promueve la autonomía
económica de la mujer, entendida como acceso, uso y control de recursos
productivos, para lograr una mejor calidad de vida personal y familiar.
Sin embargo, la mujer hondureña se encuentra sumergida en la violencia
en sus distintas manifestaciones, como uno de los principales problemas
que afectan el desarrollo humano, la convivencia social y la
gobernabilidad democrática en el país, en donde se está generalizando
una cultura de muerte que se aparta de los principios enunciados en la
Constitución de la República como ser “el derecho a la vida”,
desde su concepción hasta su conclusión natural.
La violencia de género contra las mujeres, se entiende en su concepto
más general como “cualquier acción o conducta basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público o privado por el simple hecho de ser
mujer”.
Entre los ámbitos de la violencia contra la mujer (sea física, sexual o
psicológica) se pueden mencionar:
Dentro de la familia o unidad doméstica, en donde el agresor comparte o haya compartido el mismo domicilio con la mujer.
En la comunidad, que sea agredida por cualquier otra persona (violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, de salud, entre otras.)
Agredida por el Estado mismo, en cualquier lugar que ocurra, ejemplo: el abuso psicológico y moral que recibe la mujer funcionaria por parte de su jefe u otro compañero de trabajo.
En ese
contexto, dentro de la problemática de la mujer en Honduras predomina la
violencia doméstica, como resultado de patrones culturales (machismo).
La mujer también es objeto de percibir salarios discriminatorios;
adicionalmente, existe por parte de las autoridades falta de
sensibilidad para la aplicación de las normas jurídicas que garanticen
el goce de sus derechos.
La violencia contra las mujeres constituye un problema de violación
de derechos humanos que afecta no sólo a las mujeres, sino también a su
familia y a la sociedad en su conjunto.
Asimismo, la educación y la salud pasan también a formar parte de la
problemática para las mujeres en nuestro país, debido a la falta de
acceso al sistema educativo y la alta incidencia de la mortalidad materna.
Actualmente existe poco interés del Estado en apoyar en todo ámbito a la
mujer, en especial: el de la madre sola, madre soltera, madre adolescente y el de la madre
adulta mayor, ya que no existen verdaderas políticas de cumplimiento y
programas que obtengan resultados impactantes en el desarrollo económico
con visión futura, pues las políticas se crean pero no se cumplen,
además de no tener continuidad por organismos estatales y se quedan en
un simple documento firmado; por tanto las mujeres tienen una fuerza
valiente formándose en organizaciones y redes, para luchar con la
victimización contra la violencia que impera en nuestros tiempos.
Aunado a lo anterior, el Estado no cuenta con centros de protección de
la mujer víctima de la violencia, así como la eficiente aplicación de
los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que velan por
sus derechos.
En ese contexto, El CONADEH ha identificado la incidencia de muertes
intencionales y violentas de mujeres, por el hecho de ser mujer,
llamándose a esta acción “Delito de Femicidio”, aun no tipificado
en el Código Penal.
El aumento
de actos violentos y muertes violentas contra las mujeres en Honduras es
preocupante, a tal grado que nuestro país ocupa el tercer lugar en la
región centroamericana en el número de “femicidios”, como lo
afirma el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), reportándose por los diferentes medios de comunicación,
una muerte por día. Es de mencionar que en la ciudad de San Pedro Sula
es donde se da el mayor número de casos de muertes violentas de mujeres
en el país.
Las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, fueron los
lugares que más muertes violentas de mujeres sucedieron en el año 2010,
en un total aproximado en todo el país de 351 casos. Esto constituye una
grave violación de los derechos humanos, por lo que consideramos que
debe haber una prioridad por parte del Estado de Honduras para una
investigación oportuna, eficaz y científica, para el castigo de los
culpables y para que estos crimines no queden en el olvido, ni sumen las
cifras de la impunidad y la permisibilidad social.
La discriminación y el maltrato de los cuales ha sido víctima la mujer,
ha dado lugar a que los Estados promuevan entre sus habitantes
diferentes políticas con perspectiva de género, creando para ello
instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer y otras
instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional,
los Juzgados Seccionales, las Alcaldías Municipales.
Existen, además, ONG que tutelan los derechos de las mujeres, así
como el CONADEH en donde de manera satisfactoria se aúnan esfuerzos para
proteger, vigilar y tutelar los derechos de las mujeres víctimas de
maltrato personal, moral y emocional en todos los aspectos de su vida
diaria.
Hoy en día un número significativo de municipalidades ha abierto una
Oficina Municipal de la Mujer, que además cuentan con redes
organizadas de mujeres que sirven de apoyo para la educación y promoción
de los derechos de las mujeres y la socialización de los diferentes
instrumentos jurídicos de protección de la mujer.
En ese contexto, el CONADEH ha participado y contribuido activamente en
la conformación las distintas Oficinas Municipales de la Mujer y las
Redes organizadas de mujeres, brindando asistencia técnica, capacitación
y socialización de la normativa nacional e internacional de protección
de la mujer.
Actualmente existe una gran deficiencia a nivel nacional en relación a
la falta de alberges para las mujeres, en los cuales se le brinde apoyo
sobre todo a las víctimas de violencia doméstica, para valerse por sí
mismas, y para recibir capacitación, siendo que uno de los motivos por
los cuales desisten de la denuncia es porque es el agresor quien le
provee los medios para subsistir.
El Programa Especial de Derechos de la Mujer del CONADEH, lucha
para erradicar y combatir la violencia, cumpliendo con una de sus
funciones primordiales, que se abran espacios a la mujer, en todas sus
esferas, y defendiendo los Derechos Humanos y velando por que los órganos
competentes den cumplimiento a la ley.
En relación a la participación política de la mujer, la representación
de las mujeres en los resultados electorales de noviembre del año 2009 y
que tomaron posesión a finales de enero de 2010, podemos indicar que, en
relación a las diputadas electas, de los 128 diputados al Congreso
Nacional, solamente 25 corresponden a diputadas propietarias (19.53%) y 31
diputadas suplentes(22.42%).
Cortés es el departamento con el de mayor número de diputadas propietarias
(8 mujeres, 32%) y Francisco Morazán con 28% (7 mujeres). En
cuatro departamentos no hay diputadas (Colón, Islas de la Bahía, Lempira
y Ocotepeque). Con respecto al período eleccionario anterior los
departamentos de Colón e Islas de la Bahía, se mantienen sin
representación de mujeres a nivel de diputaciones, solo han superado
esta condición los departamentos de Intibucá y La Paz, con la
representación de una mujer cada uno.
De los 298 municipios del país, sólo 17 de ellos tienen a una mujer como
Alcaldesa (5.70%) y 82 mujeres como Vice-Alcaldesas (27.51%). El
departamento de Santa Bárbara tiene el mayor número de alcaldesas (6
mujeres, lo que representa el 35.29%) y los departamentos de Cortés y
Francisco Morazán tienen el mayor número de Vice-Alcaldesas (8 mujeres
cada uno, lo que representa el 9.67%), le siguen los departamentos de La
Paz, Olancho y Valle (6 mujeres, que equivalen a un 4.92% cada uno). De
1,954 regidurías distribuidas en los 298 municipios del país, 455 son
mujeres, es decir el 23.28%. Sólo el Partido de Unificación Democrática
no cuenta con mujeres formando parte de las corporaciones municipales.
En relación a los resultados de las elecciones anteriores (2005), el
número de mujeres electas como diputadas propietarias bajó en casi un 5%
de 31 a 25. Esto a la luz del artículo 105 de la Ley Electoral y de
Organizaciones Políticas, significa que no hubo cumplimiento, ya que
el proceso de participación política de las mujeres se propone
como progresivo y no regresivo.
Comparando los resultados municipales de las elecciones 2009 con las del
2005, el número de alcaldesas bajó de 24 a 17 2.35%; sin embargo
el número de vice-alcaldesas subió un 5.3%, de 66 a 82.
