Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Estado General de los Derechos Humanos en Honduras

Medio Ambiente


Honduras tiene una biodiversidad excepcionalmente alta con relación a su tamaño; su ubicación tropical privilegiada entre dos océanos y sus condiciones topográficas crean una gran variedad de hábitats, desde bosques nublados hasta arrecifes coralinos, favorables para una alta biodiversidad de su flora y fauna. La mayor parte de la superficie del territorio nacional posee una cobertura boscosa con diferentes grados de conservación, así como una gran riqueza de ecosistemas marinos y costeros.

La protección del medio ambiente debe ser un compromiso de todas las personas y el Estado debe procurar la sustentabilidad ambiental en todas las actividades humanas para beneficio de nuestra y de las futuras generaciones.

Es importante destacar que en nuestro país la energía se obtiene de tres fuentes: hidrocarburos, hídrica y biomasa. Sin embargo, la población aún es altamente dependiente del uso de recursos naturales, es por eso que la biodiversidad y los bosques se encuentran bajo presión extrema debido a la deforestación, especialmente en áreas agrícolas fronterizas de zona húmeda, como resultado de la extensa cría de ganado, el descombro especulativo de la tierra y la expansión de la frontera agrícola por parte de pequeños agricultores.

La estabilidad de los recursos naturales y de los ecosistemas, así como su capacidad de mantener el sustento rural, se encuentran amenazadas por el manejo inapropiado de la tierra y del agua, especialmente en la zona seca. Según el Programa Nacional Forestal 2004-2021, anualmente se pierden entre 80,000 y 100,000 hectáreas debido a la tala ilegal, los incendios y la ampliación de la frontera agrícola.

La problemática del medio ambiente, está relacionada con la depredación de los recursos naturales, especialmente la explotación irracional del bosque; sistemas tradicionales de cultivar la tierra (quemas); inaplicación de la ley vigente en esta materia y falta de conciencia por parte de las autoridades y de la población en general, de mantener un ambiente sano.

Honduras tiene un 78.5% del suelo con vocación forestal, por lo cual se comprende que la principal fuente de problemas ambientales sea la tala ilegal del bosque y los incendios forestales; asimismo, el descuido casi total de las cuencas hidrográficas, a pesar de que la Visión de País y el Plan de Nación agrupan el territorio nacional en regiones en base a seis cuencas hidrográficas.

Los departamentos de Choluteca y Valle son los que presentan los mayores problemas de deforestación y también los más afectados por la sequía en el país.

Aunque las penas se endurecieron con la Ley de Protección al Medio Ambiente, el índice de denuncias en el año 2010 en el Ministerio Público aumentó, siendo el principal delito el corte ilegal seguido por la comercialización de la fauna. Es importante señalar que la Fiscalía del Medio Ambiente carece de agentes de investigación para realizar las investigaciones respectivas.

El CONADEH a través del programa Monitoreo Forestal y Medio Ambiente ha coordinado actividades con el Instituto Hondureño de Conservación Forestal para erradicar la tala ilegal del bosque, incendios forestales y otros.

Este año se resalta la aplicación efectiva de las leyes por parte de la Corte Suprema de Justicia por el caso de la adquisición de productos forestales ilegales, por parte de una empresa exportadora de muebles que contaba con un certificado internacional.

EL CONADEH, a través del Proyecto “Monitoreo Forestal Independiente” (MFI), ha desarrollado actividades para salvaguardar el derecho al medio ambiente, entre las cuales podemos mencionar:

  1. Supervisión y planes de manejo forestal, operativos y de salvamento.

  2. Atención de denuncias por delitos ambientales, descombros y quemas entre otros, denuncias de corta de árboles en fuentes permanentes de agua, nacimientos y cursos de agua.

  3. Conformación de 111 Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CCFAPVS): 88 de ellos a nivel comunitario y 23 de ellos a nivel municipal, capacitando a su vez a 490 miembros de dichos Consejos. Apoyo y desarrollo de mecanismos para su funcionamiento, diseñando y validando cuatro mecanismos de acuerdo a las funciones conferidas en la Ley Forestal.

  4. Coordinación de actividades de combate de incendios forestales en coordinación con las Alcaldías Municipales, la Unidad de Medio Ambiente (UMA), Cooperativas Ambientales, Ejército, Bomberos, Policía Preventiva y la Sociedad Civil.

  5. Protección de zonas productoras de agua.

  6. Elaboración y publicación de varios documentos técnicos para mejorar la participación de organizaciones locales y municipales en la prevención y el control de la tala ilegal del bosque.

Merece especial atención la explotación minera a cielo abierto que se lleva a cabo tanto en la comunidad de San Andrés, en el Municipio de La Unión, Departa-mento de Copán; como en las comunidades Palo Ralo, San José y la Chorrera, en el Municipio de San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán, las cuales han generado posiciones encontradas dentro de las comunidades mencionadas, dado que los ambientalistas aducen que hay un grave daño al medio ambiente por la forma de explotación de la mina, ya que para sustraer el mineral se ocupan grandes cantidades de cianuro en pilas de lixiviación y se hacen grandes movimientos de tierra, lo cual depreda el bosque en cientos de hectáreas, generando esto un ambiente de confrontación y reclamos de las comunidades; quienes han denunciado colusión de las autoridades locales (Alcaldes) y autoridades nacionales, específicamente de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), la Dirección Ejecutiva de Control Ambiental (DECA) y la Secretaría de Salud, los cuales no han sido garantes para verificar si las minas está cumpliendo con todas las normas internacionales y las medidas de mitigación que debería realizar las compañías mineras.

Agregado a lo anterior, se percibe el débil marco legal de la actual Ley de Minería, por lo que es prioritaria la aprobación del anteproyecto de la nueva Ley de Minería, la cual ha sido concertada con los diferentes actores sociales y presentada ante el Congreso Nacional